30-10-2019 | di COOPI
Bruselas: la crisis venezolana necesita una respuesta global
Los días 28 y 29 de octubre, en Bruselas tuvo lugar la Conferencia de Solidaridad Internacional sobre la Crisis Migratoria Venezolana, convocada por la Unión Europea, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), con el fin de poner de relieve el mayor éxodo migratorio de la historia moderna de América Latina.
Desde 2015, más de 4,5 millones de personas han salido de Venezuela, convergiendo en los países vecinos, principalmente Colombia (33,36%), Perú (19,18%) y Ecuador (7,3%). Según el Plan de Respuesta para Migrantes y Refugiados (RMRP), se espera que el número de migrantes y refugiados venezolanos aumente, llegando a casi 6,5 millones en 2020. Como resultado de la severa recesión económica, el 94% de la población venezolana, cerca de 30 millones de personas, vive hoy en día en un estado de inseguridad alimentaria y el 82% no tiene acceso a fuentes de agua segura. Las condiciones de salud han alcanzado niveles igualmente alarmantes, con una tasa de mortalidad materna de casi el 65%, debido a la falta de instalaciones sanitarias adecuadas y de prácticas de higiene. El sistema escolar también se ha visto gravemente afectado, ya que más de un millón de niños y niñas se han visto obligados a abandonar sus escuelas.
Como destacó Federica Mogherini, saliente Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, "la crisis venezolana y su impacto humanitario deben ocupar un lugar destacado en la agenda internacional. Estamos aquí para enviar un fuerte mensaje de solidaridad a todo el pueblo venezolano”.
La solidaridad es un concepto clave también reiterado por Filippo Grandi, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, "que, sin embargo, sigue sin tener sentido si no se apoya en recursos materiales concretos". Por esta razón, el compromiso y la adhesión de los gobiernos y de los donantes institucionales a la causa venezolana es importante en el futuro inmediato, pero "también debemos pensar en formas de sostenibilidad a largo plazo a nivel estructural y de desarrollo".
António Vitorino, Director General de la Organización Internacional para las Migraciones, también destaca "el compromiso de la comunidad internacional de responder conjuntamente a la crisis venezolana, no sólo desde Ginebra o Bruselas, sino directamente en los países latinoamericanos que la enfrentan en primera persona”.
Para responder al "inminente deterioro de la situación humanitaria en América Latina", como dijo Vitorino, necesitamos estar preparados. Para lograrlo, varias ONG internacionales y miembros del Consejo Internacional de Organizaciones Voluntarias, ICVA (International Council of Voluntary Agencies), entre ellas COOPI - Cooperazione Internazionale, han firmado una declaración conjunta de compromiso para continuar "garantizando la solidaridad a los desplazados venezolanos y apoyando a los países y comunidades que los acogen".
En la declaración, las ONG firmantes piden a los gobiernos que adopten una política de fronteras abiertas, mejorando los sistemas de gestión de las solicitudes de asilo. Además, debe garantizarse la protección y el acceso a los servicios básicos a los casi 1,1 millones de niños y niñas que se ven obligados a abandonar Venezuela, así como el derecho a la nacionalidad de origen para evitar un aumento del número de apátridas. La comunidad de la cooperación internacional seguirá prestando servicios de alimentación, vivienda, educación y salud a los venezolanos en los países de tránsito y de acogida, pero los Estados de la región, por su parte, deben coordinarse para facilitar la expedición de documentos a los solicitantes venezolanos y reconocer las calificaciones académicas y profesionales de los migrantes, a fin de facilitar su reintegración en el mundo del trabajo.
Por último, las ONG firmantes hacen un llamamiento a los donantes y a los gobiernos locales para que pongan fin a la ola de odio y xenofobia contra los migrantes y refugiados venezolanos, que sólo contribuye a la vulnerabilidad de estas personas. Los países de acogida deberían, en cambio, promover campañas de solidaridad y coexistencia pacífica, reconociendo a los migrantes como un valor añadido para su país.
COOPI, entre las ONG que firmaron la declaración, está fuertemente involucrada en la respuesta regional a la emergencia ocasionada por la migración venezolana. "En Perú, participamos activamente en la plataforma R4V (Response for Venezuela), con el objetivo de crear una red de respuesta a la crisis eficaz y coordinada", dice Manuel Simoncelli, Front Desk para América Latina y el Caribe, de COOPI. "Además, en el centro binacional de asistencia fronteriza de Zarumilla, en el norte del Perú, nos hemos convertido en el punto de referencia en el sector de agua y saneamiento en colaboración con UNICEF, mientras que en Tumbes, no lejos de Zarumilla, desde noviembre de 2018 hasta hoy, hemos ofrecido pernoctar a unos 5.000 venezolanos en tránsito y hemos ayudado a más de 5.000 a llegar a su destino final, en colaboración con la OIM".
Actualmente, COOPI se encuentra identificando las necesidades de la población venezolana en el proprio país, con el fin de plantear la hipótesis de una posible intervención humanitaria directa y no solo en los países receptores del flujo migratorio.
Durante la Conferencia de Solidaridad Internacional, los actores de la cooperación para el desarrollo, el sector privado, la sociedad civil, las instituciones financieras internacionales, los gobiernos anfitriones y los donantes confirmaron su compromiso internacional con las comunidades y los países que siguen recibiendo a las personas desplazadas y refugiados venezolanos, la necesidad de compartir las mejores prácticas y resultados para proporcionar una respuesta regional coordinada y ofrecer un apoyo técnico y financiero más estructurado en la región latinoamericana.
La próxima reunión internacional sobre la respuesta a la crisis venezolana se celebrará en Bogotá, Colombia, en noviembre de 2020, dando continuidad al "Proceso de Quito", una iniciativa multilateral en la que participan siete países latinoamericanos, unidos para armonizar las políticas internas de los países anfitriones y para fortalecer y coordinar la respuesta regional al éxodo masivo de la población venezolana.
La declaración conjunta completa de las ONG está disponible en el sitio web del ICVA.
Photo credits: Nestor Quiñones Izquierdo