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Venezuela

Desde hace seis años, Venezuela se enfrenta a una compleja crisis humanitaria, caracterizada por el declive socioeconómico, la inestabilidad y la migración.

Las causas se derivan del progresivo aislamiento del país en la escena internacional y de las sanciones económicas que lo han afectado. Esta situación ha acentuado los efectos de la crisis, lo que se ha traducido en un aumento del desempleo, las desigualdades sociales y una espiral inflacionista que ha minado el poder adquisitivo de la población. El debilitamiento del sistema estatal ha provocado la interrupción de muchos servicios públicos básicos; de hecho, según estudios publicados por Naciones Unidas, 1 de cada 3 personas del país sufre inseguridad alimentaria. Amplios sectores de la población tienen un acceso inadecuado al agua y la electricidad, y a estas dificultades se suma la escasez de combustible, medicamentos, atención médica, servicios de protección y educación. La migración a otros países es el punto más crítico: se calcula que son más de 4 millones de personas, y ha provocado la ruptura de familias por la ausencia de la pareja o de los padres y la alta exposición de mujeres, niños y adolescentes a los riesgos de abuso, tráfico y prostitución.

Además, la emergencia de COVID-19 ha incrementado enormemente los retos en un país ya debilitado por la crisis.

COOPI, que en el pasado había realizado intervenciones puntuales en respuesta a catástrofes naturales en el país, decidió en 2019 activar una presencia estable mediante el apoyo a las organizaciones locales y en coordinación con la red humanitaria. Las áreas de intervención identificadas abarcan el acceso al agua y a la energía, la seguridad alimentaria y la protección, concretamente frente a la violencia sexual y de género, la salud sexual y reproductiva y el acceso a actividades generadoras de ingresos.


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