Venezuela lleva seis años enfrentando una compleja crisis humanitaria caracterizada por el declive socioeconómico, la inestabilidad y la migración.

Las causas se derivan del progresivo aislamiento del país en la escena internacional y de las sanciones económicas que lo han afectado. Esta situación ha acentuado los efectos de la crisis, lo que se ha traducido en un incremento del desempleo, las desigualdades sociales y una espiral inflacionaria que ha socavado el poder adquisitivo de la población. El debilitamiento del sistema estatal ha provocado la interrupción de muchos servicios públicos básicos. Según estudios publicados por Naciones Unidas, 1 de cada 3 personas del país sufre inseguridad alimentaria. Un gran parte de la población tiene acceso limitado al agua y la electricidad, además se suman la escasez de combustible, medicamentos, atención médica, servicios de protección y educación. La migración a otros países es el punto más crítico: según las estadísticas oficiales más de 5 millones de personas han dejado el país, que ha provocado la ruptura de familias por la ausencia de la pareja o de los padres y la alta exposición de mujeres, niñas, niños y adolescentes a los riesgos de violencia, abuso y explotación.

Además, la emergencia de COVID-19 ha incrementado enormemente los retos en un país ya debilitado por la crisis.

COOPI, que en el pasado había realizado intervenciones puntuales en respuesta a catástrofes naturales en el país, decidió activar una presencia estable en 2019 mediante el apoyo a las organizaciones locales y en coordinación con la red humanitaria. Las áreas de intervención identificadas abarcan el acceso al agua y a la energía, la seguridad alimentaria y la protección, en específico frente a la violencia sexual y de género, la salud sexual y reproductiva y el acceso a actividades generadoras de ingresos.